Mientras los parques y plazas del Atlántico se caen a pedazos, $350 mil millones de pesos flotan sin destino. Esa es la herencia de Edubar, la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y el Caribe, convertida hoy en símbolo de despilfarro, negligencia y corrupción.
Entre 2020 y 2021, Elsa Noguera De la Espriella, entonces gobernadora, firmó tres convenios que le abrieron la puerta a Edubar para contratar sin mayores controles. El resultado no fue infraestructura pública ni espacios dignos: fueron contratos inflados, obras abandonadas y facturas que siguen creciendo.
El contrato 202002796 es prueba clara: inició con $180 mil millones y debía terminar en abril de 2023. Hoy va en $280 mil millones y lo único visible son esqueletos de parques y malecones destruidos. Nadie responde. Ni la gerente de Edubar, Angelly Criales, ni los contratistas, ni los supervisores que supuestamente debían vigilar.
Y la podredumbre es más profunda. El contrato EDU-563-2021, adjudicado por $39.296 millones, ya va en $60 mil millones, suspendido desde julio del año pasado, sin explicación oficial. Mientras tanto, los contratistas se embolsan el dinero y los ciudadanos siguen esperando.
Peor aún es el contrato 202001582: $4.247 millones para el mantenimiento de espacios públicos que hoy están peor que antes.
Para colmo, buena parte de estos fondos venían de la tasa de seguridad y convivencia ciudadana. Es decir: robaron dos veces. Robaron el futuro de los parques y robaron los fondos que debían proteger la seguridad de la gente.
¿Y el gobernador Eduardo Verano De la Rosa? Cómplice por omisión. Dieciséis meses en el cargo, y su respuesta ante este saqueo ha sido el silencio. Un silencio que huele a encubrimiento.
Edubar ya no es una empresa de desarrollo urbano: es una máquina de despilfarro. Cada peso perdido es una cachetada a la ciudadanía. Cada parque en ruinas es una prueba de que aquí el que roba, sigue mandando.
Y mientras tanto, $350 mil millones siguen a la deriva. Igual que la vergüenza de quienes permitieron este desastre.
