Sergio Andrés García Cadena, ciudadano colombiano, músico y creador de contenido digital, denunció una grave situación de persecución que lo ha llevado a solicitar protección internacional. García, reconocido por promover actividades ambientales, culturales y comunitarias a través de caminatas ecológicas, talleres artísticos y proyectos por la paz territorial, aseguró que su labor social lo convirtió en objetivo de estructuras criminales.

Según su relato, el episodio que marcó el inicio del riesgo ocurrió meses atrás, cuando fue víctima de un secuestro. Todo comenzó como una salida cotidiana con amigos, pero durante el trayecto uno de los acompañantes propuso ir al municipio de Sasaima, Cundinamarca. Al llegar al lugar, notó inconsistencias en la versión de los supuestos propietarios del sitio.

Minutos después, diez hombres armados y encapuchados los retuvieron con violencia. Durante el cautiverio, Sergio Andrés fue golpeado, vendado y obligado a entregar su teléfono móvil, con lo que los captores obtuvieron acceso a su información personal, contactos, direcciones y datos familiares. En medio de interrogatorios sobre sus actividades comunitarias y vínculos sociales, recibió advertencias directas para no denunciar lo ocurrido.

Tras su liberación, comenzó a recibir llamadas extorsivas y amenazas. Su agencia de viajes, vinculada a proyectos turísticos comunitarios, redujo operaciones por temor a represalias.

La situación escaló el 23 de julio de 2025, cuando García fue víctima de un atentado armado frente a su lugar de residencia. En el ataque resultó herido uno de sus colaboradores, mientras él logró huir. El hecho evidenció, según su declaración, que los agresores cuentan con acceso a información sobre sus movimientos.

Pese a haber denunciado y solicitado medidas de protección, asegura que el Estado colombiano no ha ofrecido garantías para salvaguardar su vida, reflejando, según su testimonio, la crítica situación de los líderes sociales en el país, quienes enfrentan amenazas constantes sin respuestas efectivas por parte de las autoridades.

García sostiene que su caso se enmarca en los criterios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967 y la Declaración de Cartagena de 1984, al ser víctima de persecución por su liderazgo social, su activismo ambiental y su participación comunitaria.

Ante el riesgo continuado, afirma que su única alternativa para preservar su vida y la de su familia es acudir a instancias internacionales de protección.