Por Miguel Ramos
La discusión por los bombardeos de Petro dejó al descubierto algo más grave que las contradicciones del Gobierno: la hipocresía política de quienes durante años exigieron mano dura, bombardear sin titubeos y defender al Estado “cueste lo que cueste”.
Cuando gobiernos anteriores bombardearon campamentos con menores reclutados, muchos de los que hoy se desgarran las vestiduras los justificaron como daños colaterales y el mismo expresidente afirmó que la responsabilidad debe recaer sobre los reclutadores de los menores. Ahora, porque Petro ordena los mismos operativos, de repente el discurso cambió: ya no es estrategia militar, ahora es “crimen”.
No se trata de negar la tragedia la muerte de 15 menores es una herida profunda que exige responsabilidades, pero tampoco de permitir que la doble moral se disfrace de indignación moral.
Si la preocupación real fueran los niños, la crítica habría sido igual en todos los gobiernos, no solo cuando el que ordena los operativos es un presidente que incomoda a ciertos sectores.
La coherencia es sencilla: o los bombardeos con presencia de menores siempre han estado mal, o siempre han estado bien para quienes los defienden.
Lo que no vale es aplaudirlos por años y después condenarlos solo porque los ejecuta alguien distinto.
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