El recrudecimiento del conflicto armado en la región del Catatumbo continúa impactando de manera directa el servicio educativo, especialmente en municipios como Tibú y El Tarra, en Norte de Santander. El Ministerio de Educación Nacional expresó su rechazo a las acciones de los grupos armados ilegales, advirtiendo que la violencia pone en riesgo el derecho a la educación de miles de niñas, niños y adolescentes, a pocas semanas del inicio del calendario académico 2026.

Enfrentamientos generan temor en comunidades educativas

Las alteraciones al orden público registradas en esta zona del nororiente del país han generado preocupación entre docentes, estudiantes y padres de familia, ante la posibilidad de quedar en medio de enfrentamientos armados. Esta situación amenaza el normal desarrollo de las actividades escolares y podría derivar en interrupciones prolongadas del servicio educativo.

El Ministerio de Educación alertó que la persistencia de la violencia profundiza la vulnerabilidad de las comunidades campesinas y afecta de manera especial a la población estudiantil, considerada sujeto de especial protección constitucional.

Escuelas, bienes civiles protegidos por el DIH

La cartera de Educación recordó que, en el marco del Derecho Internacional Humanitario, las normas establecen la obligación de proteger a la población civil, en especial a la niñez, frente a los efectos de las hostilidades. Asimismo, reiteró que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y no pueden ser objeto de ataques, ocupación ni utilización con fines militares.

Estas disposiciones están respaldadas por los Convenios de Ginebra, su Protocolo II adicional y las normas de derecho internacional consuetudinario.

Llamado a respetar el derecho a la educación

Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Ministerio enfatizó que la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho fundamental a la educación, incluso en contextos de conflicto armado. Además, Colombia es firmante de la Declaración sobre Escuelas Seguras, que compromete al Estado y a los actores armados a proteger a estudiantes, docentes e instituciones educativas.

En ese sentido, el Ministerio hizo un llamado urgente a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de la comunidad educativa, y se abstengan de cualquier acción que ponga en riesgo la educación en la región.

La educación, clave para el futuro del territorio

Finalmente, la entidad advirtió que afectar el derecho a la educación significa comprometer el presente y el futuro de los territorios, profundizando las brechas históricas de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad. Reiteró que la escuela debe seguir siendo un espacio de protección, esperanza y vida, incluso en medio de los escenarios más adversos.