Un nuevo giro tomó la investigación sobre el presunto atentado contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, luego de que el ministro del Interior, Armando Benedetti, revelara que la información clave provino de un recluso en la cárcel de El Barne, en Boyacá. El anuncio generó preocupación por la forma en que se originó la alerta y por las posibles fallas en los protocolos de seguridad.

Según explicó el jefe de la cartera política, el proceso de comunicación no se ajustó a los procedimientos establecidos, lo que derivó en una ruptura de la cadena institucional. Benedetti indicó que un representante del Ministerio Público tuvo acceso directo al interno, obteniendo datos sobre el plan, pero posteriormente la información no fue canalizada correctamente dentro de los niveles de mando correspondientes.

Uno de los puntos más delicados señalados por el ministro tiene que ver con la actuación de un coronel de la Policía, quien habría decidido informar directamente al alcalde sobre la amenaza, sin pasar previamente por los altos mandos. Este hecho, según el Gobierno, representa una irregularidad en el manejo de información sensible relacionada con la seguridad de autoridades locales.

Las declaraciones fueron entregadas en Barranquilla, donde las autoridades mantienen activas las operaciones de inteligencia e investigación criminal para verificar el alcance real de la amenaza y establecer si existe una organización detrás del presunto plan. El objetivo principal es anticiparse a cualquier riesgo y garantizar la protección del mandatario y su entorno.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por el control dentro de los centros penitenciarios en Colombia, especialmente cuando desde estos lugares pueden originarse amenazas contra figuras públicas. Mientras se esclarecen los hechos, el esquema de seguridad de Alejandro Char permanece reforzado, en medio de un panorama de alta tensión en materia de orden público.