En los barrios del suroriente de Barranquilla, un fenómeno vial avanza sin regulación clara y genera creciente preocupación entre expertos y ciudadanos: los llamados “transformers”, vehículos artesanales que combinan estructuras de triciclos con motores de motocicleta. Aunque se han convertido en una alternativa de transporte ante la falta de cobertura en varias zonas, su circulación plantea serios cuestionamientos legales y de seguridad.
Estos vehículos, que inicialmente surgieron como triciclos de tracción humana, han evolucionado desde 2023 hacia versiones motorizadas. Actualmente, es común verlos movilizando pasajeros en sectores donde el transporte público no llega, lo que los ha posicionado como una solución práctica para cientos de personas. Sin embargo, esta misma expansión ha encendido las alarmas por su uso sin controles técnicos ni normativos.
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De acuerdo con el experto en movilidad Isidro Ruiz Estrada, estos automotores no pueden considerarse triciclos, ya que incorporan motores de motocicleta en estructuras que no están diseñadas para soportarlos. Esto compromete factores clave como la estabilidad, el sistema de frenado y la dirección, aumentando el riesgo de accidentes en vías donde comparten espacio con vehículos de gran tamaño.
El problema se agrava al tratarse de vehículos que no cuentan con homologación oficial. En Colombia, cualquier automotor debe cumplir con una ficha técnica aprobada por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Industria y Comercio, requisito que, según denuncias, estos “transformers” no cumplen. Esto significa que su fabricación y circulación no tienen respaldo legal ni garantías mínimas de seguridad para los usuarios.
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Otro punto crítico es el origen de los motores utilizados en estos vehículos. Denuncias ciudadanas señalan que algunos provendrían de motocicletas robadas que son desmanteladas para vender sus partes. Aunque algunos conductores cuentan con documentación, la preocupación se mantiene debido al alto número de hurtos registrados en la ciudad, con más de 170 casos en el primer trimestre de 2026.
En zonas como la calle 17, se estarían ensamblando estos vehículos con piezas que pueden adquirirse a bajo costo, lo que facilita su proliferación. Por aproximadamente un millón de pesos, es posible construir uno de estos automotores, lo que ha impulsado su crecimiento en sectores populares.
El control de esta situación recae en varias autoridades. Mientras la Policía Nacional debe investigar el origen de los motores y los posibles delitos asociados, las autoridades de tránsito distrital tienen la responsabilidad de regular su circulación. A su vez, los ministerios deben garantizar que solo vehículos homologados puedan operar legalmente en el país.
A pesar de los riesgos, estos vehículos representan una fuente de ingresos para muchas familias y una solución de movilidad en zonas desatendidas. No obstante, el mayor problema sigue siendo la exposición de los usuarios a accidentes sin ningún tipo de seguro o respaldo legal, lo que podría derivar en consecuencias graves en caso de siniestros.
