Desde la capital del Atlántico, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, anunció que denunciará penalmente por prevaricato a los conjueces Prada e Ibáñez, a raíz de decisiones que, según él, impidieron su participación en la consulta popular Frente por la Vida.
El anuncio lo hizo durante un masivo acto político realizado en la cancha de fútbol del barrio Cevillar, en el suroccidente de Barranquilla, donde aseguró haber sido recibido por más de diez mil personas, en medio de un ambiente marcado por consignas, respaldo ciudadano y críticas al sistema electoral.
Críticas al CNE y anuncio de reforma política
Durante su intervención, Cepeda fue enfático en señalar al Consejo Nacional Electoral (CNE) como una institución que, a su juicio, “ha perdido legitimidad y credibilidad”. En ese contexto, afirmó que si llega a la Presidencia de la República impulsará una reforma política para eliminar el CNE, al que responsabiliza de decisiones que —según dijo— afectan la participación democrática.
El candidato sostuvo que la negativa del organismo electoral para permitir su ingreso a la consulta popular constituye una vulneración de derechos políticos y anunció que acudirá a instancias judiciales para que se investigue la actuación de los conjueces involucrados.
Acto político en Barranquilla
El evento fue organizado por Andrea Vargas, candidata a la Cámara de Representantes por el Atlántico, quien actuó como anfitriona del encuentro. La jornada se convirtió en un espacio de diálogo con líderes sociales, militantes y simpatizantes del Pacto Histórico en la región Caribe.
Entre los asistentes también estuvo la senadora María José Pizarro, quien tomó la palabra para expresar su rechazo a la decisión del CNE y respaldar a Cepeda, señalando que se trata de un precedente preocupante para la democracia colombiana.
Proyección nacional
El acto en Barranquilla hace parte de la agenda política que Iván Cepeda viene desarrollando en distintas regiones del país, en la antesala del proceso electoral presidencial. Sus declaraciones reavivan el debate sobre el papel de las autoridades electorales y anticipan una campaña marcada por propuestas de reforma institucional y confrontación jurídica.
