La Defensoría del Pueblo lanzó una fuerte advertencia sobre la grave situación humanitaria que atraviesan comunidades de Guaviare, Caquetá y Amazonas, luego de los violentos enfrentamientos entre disidencias de las Farc lideradas por alias Iván Mordisco y alias Calarcá, confrontaciones que ya dejan al menos 48 muertos en el sur del país.

A través de un pronunciamiento oficial, el organismo reconoció el papel de las comunidades que ayudaron a recuperar y proteger los cuerpos de las víctimas mientras llegaban las instituciones. Sin embargo, insistió en que la población civil no debe asumir labores relacionadas con el conflicto armado ni exponerse a los riesgos derivados de las hostilidades.

“Reconocemos a las comunidades que fueron las primeras en responder ante esta situación y quienes, en medio de las dificultades derivadas de la confrontación armada, contribuyeron a la recuperación y resguardo de los cuerpos hasta la llegada de las instituciones”, señaló la Defensoría. No obstante, advirtió que proteger a la población civil es una obligación que debe ser garantizada por todos los actores involucrados.

El Ministerio Público aseguró además que esta nueva masacre evidencia el agravamiento del conflicto armado en el sur del país durante 2025. Según explicó, la disputa por el control territorial, corredores estratégicos y economías ilícitas ha intensificado las hostilidades y profundizado la crisis humanitaria en departamentos como Guaviare, Caquetá y Amazonas.

La Defensoría recordó que en la alerta temprana 001 de 2025 ya había advertido sobre una nueva fase de confrontación armada tras la ruptura entre las disidencias alineadas con alias Iván Mordisco y las estructuras vinculadas a alias Calarcá-Córdoba. Según el organismo, la situación actual confirma el riesgo que venían denunciando desde comienzos de año.

Frente a la escalada violenta, la entidad hizo un llamado urgente a las dos estructuras armadas ilegales para excluir a la población civil del conflicto y evitar acciones que afecten a las comunidades, como restricciones a la movilidad, amenazas o señalamientos contra campesinos y habitantes de las zonas rurales.

Igualmente, la Defensoría pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades locales fortalecer las medidas de prevención, atención humanitaria y protección para las comunidades afectadas, con el objetivo de evitar una mayor expansión de la crisis en estas regiones del país.

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