El Juzgado Noveno Penal Municipal con control de garantías de Barranquilla impuso medida de aseguramiento domiciliaria con vigilancia electrónica a Edwin Alberto Cataño Guevara, exbombero imputado por el delito de homicidio culposo agravado, tras presuntamente atropellar y causarle la muerte a Juan David Ucrós Cervantes, de 19 años, el pasado 11 de julio en la carrera 53 con avenida Circunvalar, en el norte de la ciudad.

Durante la audiencia, la juez explicó que esta etapa del proceso no es el escenario para debatir sobre la calificación jurídica de la conducta ni determinar si existió dolo, como lo solicitó el abogado de las víctimas al pedir medida de aseguramiento intramural. Sin embargo, reconoció la gravedad de los hechos, señalando que se cumplen los presupuestos establecidos por la Fiscalía: el exbombero representa un peligro para la sociedad al haber conducido en estado de embriaguez y causado la muerte del joven, además de que existe inferencia razonable de su autoría.

No obstante, la juez no acogió el argumento de la Fiscalía respecto al riesgo de no comparecencia. Indicó que, aunque Cataño quedó en libertad tras el hecho, posteriormente se presentó de forma voluntaria ante la URI de la Fiscalía, lo que demuestra disposición de someterse a la justicia.

El fiscal del caso, Manuel Jiménez Pérez, expuso que el 11 de julio, sobre las 7:20 de la mañana, Edwin Cataño conducía un vehículo que atropelló a Juan David Ucrós. La víctima sufrió un trauma craneoencefálico severo y una herida abierta en el rostro, según el informe forense. Además, una prueba de alcoholemia determinó que el exbombero tenía grado 2 de embriaguez al momento del siniestro.

“El comportamiento del imputado bajo los efectos del alcohol redujo su capacidad de reacción, lo que derivó en una conducta culposa con agravación”, sostuvo el fiscal.

Pese a la gravedad de los hechos, Cataño no aceptó los cargos de homicidio culposo agravado que le formuló el Fiscal 7 Local URI.

La decisión fue apelada por Geraldino León Maldonado, abogado de los padres de la víctima, por lo que un juez de segunda instancia deberá revisar la medida adoptada.