El gobernador indígena Eutimio Valencia Duave, autoridad de la comunidad Alto Tarena, fue hallado sin vida este martes en el departamento del Chocó, horas después de que se denunciara públicamente su secuestro por parte de hombres armados. La muerte del líder ha causado consternación entre organizaciones indígenas y defensores de derechos humanos, que habían solicitado su liberación luego de conocerse que había sido interceptado en una vía del sur del departamento.
De acuerdo con la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Chocó (Orewa), Valencia Duave fue abordado por tres hombres armados cuando se movilizaba por una carretera que conduce al municipio de Tadó. Tras el hecho, la organización indígena reportó su desaparición y pidió a los grupos armados presentes en la zona respetar su vida, mientras se activaban gestiones humanitarias para lograr su liberación.
La confirmación del hallazgo del cuerpo fue dada a conocer por la misma organización, que expresó su dolor por el asesinato del líder indígena y calificó el crimen como un grave ataque contra los pueblos originarios del departamento. “Expresamos nuestro profundo dolor y consternación tras conocerse el hallazgo del cuerpo sin vida del gobernador Valencia Duave”, señaló Orewa en un comunicado en el que también advirtió que este hecho representa una agresión directa contra la cultura y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas Emberá Dóbida, Katío, Chamí y Tule.
La organización recordó que Eutimio Valencia era reconocido dentro de su territorio por su liderazgo y por su compromiso con el bienestar de su comunidad, así como por su defensa permanente de los territorios ancestrales y de los derechos colectivos de los pueblos indígenas que habitan esta región del Pacífico colombiano. Su labor, según indicaron, estaba orientada a proteger la autonomía y la supervivencia cultural de estas comunidades.
Horas antes de que se confirmara su muerte, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta pública en la que exigía el respeto por la vida del gobernador indígena y anunció que se habían activado canales humanitarios para facilitar su liberación. En ese momento, el organismo recordó que los pueblos indígenas son sujetos de especial protección constitucional y que el Estado tiene la obligación de garantizar su integridad, especialmente en territorios afectados por la presencia de actores armados.
Tras el crimen, Orewa exigió a las autoridades del país adelantar investigaciones rigurosas, prontas y transparentes que permitan identificar y judicializar a los responsables de este asesinato, con el fin de evitar que el caso quede en la impunidad. La organización también hizo un llamado a las instituciones del Estado para que refuercen las medidas de protección para las autoridades indígenas que continúan en riesgo en diferentes zonas del departamento.
El Chocó, ubicado en el litoral Pacífico colombiano, es una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en el país. En este territorio conviven comunidades indígenas y afrodescendientes que frecuentemente quedan atrapadas en medio de disputas territoriales entre grupos armados ilegales como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal del país.
