El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Yopal, en Casanare, condenó a 26 años y 6 meses de prisión a Germán Buitrago Parada, conocido como ‘Martín Llanos’, junto a otros tres exjefes de las Autodefensas Campesinas del Casanare, tras encontrarlos responsables de homicidio agravado y desaparición forzada por hechos ocurridos entre 2003 y 2004 en varios municipios del departamento.

La sentencia también cobija a Nelson Orlando Buitrago Parada, Josué Darío Orjuela Martínez y Héctor Gregorio Hernández León, quienes, según el fallo judicial, ejercían funciones de mando dentro de esta estructura armada ilegal que operó en la región. Además de la pena privativa de la libertad, el juzgado ordenó el pago de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes como reparación por perjuicios morales a los familiares de cada una de las víctimas.

Crímenes bajo una directriz de persecución

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los máximos cabecillas de las ACC impartieron una orden directa a sus estructuras armadas para identificar y atacar a personas consideradas opositoras o presuntos colaboradores de otros grupos ilegales, en el marco de un control violento del territorio.

Como resultado de esta política criminal, al menos 15 personas fueron asesinadas y dos más desaparecidas en los municipios de Villanueva, Monterrey, Aguazul y Yopal, en el departamento de Casanare. Entre las víctimas figura una menor de 16 años cuyo paradero aún se desconoce, lo que mantiene abierto el dolor de sus familiares más de dos décadas después.

Aceptación de cargos y sentencia anticipada

Las autoridades confirmaron que los hoy condenados aceptaron su responsabilidad dentro de la línea de mando del grupo armado ilegal y se acogieron a sentencia anticipada, lo que permitió agilizar el proceso judicial. Este reconocimiento fue clave para que el juzgado emitiera la condena en su contra por los delitos documentados.

El fallo representa un avance en los procesos de justicia frente a los crímenes cometidos por estructuras paramilitares en el país, especialmente en regiones como Casanare, donde durante años se registraron graves violaciones a los derechos humanos en medio del conflicto armado.