Una reciente decisión judicial en Bucaramanga ha causado controversia en el sector salud, luego de que un juez ordenara a una EPS asumir el costo de dos muñecas sexuales inflables como parte de un tratamiento dirigido a mejorar el estado emocional de un paciente con problemas de autoestima.

El caso fue conocido por Sergio Prada, director de la Clínica San Luis, quien manifestó su inquietud durante una entrevista con RCN Radio. Según explicó, fue informado por un alto directivo de una EPS sobre el fallo, el cual calificó como una medida desproporcionada que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud.

“El sistema está colapsado y seguimos cargando con decisiones judiciales que no se alinean con las verdaderas urgencias médicas”, dijo Prada. También recordó que en los últimos años han enfrentado millonarias pérdidas por prestar servicios a EPS en proceso de liquidación, como Medimás y Coomeva.

Aunque no se conocen todos los pormenores del fallo, se sabe que el paciente, cuya identidad permanece reservada, interpuso una tutela alegando afectaciones psicológicas. El juez consideró que el suministro de estos dispositivos hacía parte de su derecho a recibir atención en salud mental.

La situación ha reabierto el debate sobre el uso de mecanismos judiciales para exigir servicios que, en opinión de algunos expertos, distorsionan los principios del derecho a la salud y desvían recursos que podrían atender a pacientes con tratamientos médicos prioritarios.

Prada fue enfático al afirmar que sentencias como esta sobrepasan el propósito de la acción de tutela y generan cargas adicionales a un sistema ya sobreexigido: “Tenemos niños esperando medicamentos vitales, y ahora debemos responder por esto”.

El fallo, sin duda, ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar los límites de las decisiones judiciales en el ámbito de la salud, y de establecer criterios más claros sobre qué puede considerarse una intervención terapéutica legítima.