Las amenazas contra el juez Hugo Junior Carbonó Ariza, encargado del proceso judicial contra Nicolás Petro Burgos, llevaron a la Unidad Nacional de Protección (UNP) a declararlo en “riesgo extraordinario”, tras documentar seguimientos, intimidaciones y un episodio directo contra su hija en Bogotá.
Según la resolución de la UNP, conocida en primicia por Zona Cero, el juez Hugo Junior Carbonó Ariza, Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, denunció haber sido objeto de amenazas e intimidaciones mediante seguimientos tanto en sus desplazamientos cotidianos como en el entorno de su residencia.
Estas acciones, de acuerdo con el documento oficial, se intensificaron tras las audiencias realizadas los días 29 y 30 de julio de 2025, dentro del juicio que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, hijo del Presidente de la República.
El juez también advirtió que la alta exposición mediática del proceso judicial permitió que diferentes medios difundieran información relacionada con su identidad y rutinas, lo que incrementó significativamente su nivel de vulnerabilidad.
“La divulgación de datos personales y rutinas operativas derivadas del cubrimiento mediático elevó el riesgo contra mi integridad”, señala la resolución citando la declaración del togado.
Uno de los hechos más delicados documentados por la UNP ocurrió el 30 de julio de 2025 en Bogotá, cuando la hija del juez fue abordada por dos mujeres a la salida de su apartamento.
De manera intimidante, las mujeres le manifestaron que conocían la identidad de su padre y el proceso judicial que estaba adelantando, lo que fue interpretado como un mensaje directo de presión y amenaza indirecta contra el funcionario judicial.
La UNP también dejó constancia de que el juez Carbonó ya había sido blanco de amenazas antes del proceso contra Nicolás Petro, atribuidas a alias ‘Tommy Masacre’ y ‘El Negro Ober’, cabecillas de Grupos Armados Organizados (GAO).
Estas intimidaciones habrían surgido como represalia por sentencias condenatorias emitidas por el juez en procesos anteriores contra dichos individuos y familiares cercanos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Fiscalía 37 Seccional de Barranquilla, confirmó la existencia de denuncias activas por amenazas ocurridas entre 2023 y 2024.
Además, se adelantan indagaciones por seguimientos al juez, así como por un ataque con arma de fuego contra su inmueble residencial, hechos que reforzaron la decisión de la UNP de clasificar el caso como de riesgo extraordinario.
